Mientras el precio del cobre rompe récords históricos —acercándose a los $10,000 por tonelada— gracias a la voraz demanda china y la transición energética global, México sigue atrapado en un debate del siglo XX: nacionalizar o no nacionalizar. La contradicción salta a la vista: aunque nuestro país posee el 6% de las reservas mundiales de este “nuevo petróleo” (USGS), Chile y Perú —con problemas políticos similares— captan el 43% de las inversiones mineras en Latinoamérica. ¿La razón? Reglas claras… algo que en México seguimos confundiendo con “flexibilidad regulatoria”.
El cobre se ha convertido en el termómetro de la nueva Guerra Fría tecnológica. China controla el 40% del refinado global, mientras EE.UU. y Europa corren para asegurar suministros con una mezcla de subsidios y diplomacia de “amigos cercanos”. México, sentado en reservas valuadas en $1.3 billones de dólares (según CAMIMEX), sigue sin decidir si quiere ser proveedor o socio estratégico. Mientras tanto, empresas canadienses y chinas extraen nuestro cobre, lo procesan en Asia, y nos lo venden de vuelta en productos terminados con un *markup* del 300%.
Aquí el dato que duele: por cada dólar que exportamos en cobre en bruto, importamos $7 en productos manufacturados que lo contienen (INEGI 2023). La conclusión es obvia pero incómoda: en la geopolítica del siglo XXI, los países que solo exportan materias primas están condenados a ser los talleres de maquila de las potencias. México tiene todo para saltar de la extracción a la manufactura avanzada —desde cables para autos eléctricos hasta componentes para paneles solares—, pero primero debe dejar de creer que tener recursos naturales es lo mismo que tener una estrategia industrial. Al fin y al cabo, en el ajedrez global, los peones que no se mueven terminan sacrificados.
